En Colombia han asesinado más de 500 líderes sociales desde enero de 2016. Esta violación sistemática de los derechos humanos silencia a quienes defienden el territorio, protegen el medioambiente, promueven los derechos de la comunidad LGBTI y denuncian la minería ilegal y el narcotráfico, entre otras causas. El Estado no actúa y la impunidad continúa.
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